El ejército dominicano consume anualmente 1.8% del PIB nacional. Cifra modesta comparada con potencias militares, pero grotescamente desproporcionada para una institución que nunca ha librado una guerra internacional desde su fundación. ¿Contra quién nos defendemos exactamente?

La narrativa oficial perpetúa el mito de la soberanía amenazada, pero los datos revelan otra historia: una estructura burocrática que se justifica a sí misma mediante ceremonias, desfiles y una retórica nacionalista que nadie cuestiona. 30,000 efectivos militares en un país sin conflicto bélico representan no defensa nacional, sino nómina política disfrazada de patriotismo.

Esta no es crítica anti-patriótica; es matemática institucional. Cuando el presupuesto educativo lucha por alcanzar el 4% constitucional mientras el aparato militar recibe recursos sin cuestionamiento alguno, enfrentamos no un problema de prioridades, sino de ficción colectiva que todos fingimos creer.

La soberanía real no se mide en uniformes ni arsenales que nunca dispararemos. Se mide en educación de calidad, instituciones judiciales eficientes, y salarios dignos que no obliguen a familias enteras a migrar para poder sobrevivir. Pero esa conversación requiere coraje político que aún no hemos desarrollado como sociedad.